El viernes 15 de octubre de 1993 a las 6:40 de la mañana, Luis Alberto Hamán Gutiérrez y Julio César Castañeda Paredes desaparecieron sin dejar rastro dentro del complejo minero de Llanacocha al noreste de Cajamarca. Ambos trabajadores, de 29 y 26 años respectivamente se habían presentado puntualmente en la entrada del sector La Quina, donde como cada jornada esperaban la orden de ingreso a las galerías activas.
Aquella madrugada la niebla cubría los cerros como una sábana espesa y el frío calaba hasta los huesos, incluso dentro del precario transporte que los desplazaba. Las hojas de asistencia mostraban sus firmas. Sus tarjetas magnéticas fueron registradas al ingresar a las 6:17, pero al culminar el turno de trabajo, ni Luis ni Julio respondieron a los llamados por altoparlante, ni aparecieron en los vestuarios, ni en el comedor, ni en los buses de retorno.
En apenas unas horas, la sombra del desconcierto se transformó en pánico. Luis Alberto era supervisor auxiliar de control geomecánico. Julio, operario de sostenimiento. Aquella mañana ambos fueron asignados al tajo cerrado de Kish 04, una galería estrecha clausurada semanas antes por acumulación de gases.
Los registros indicaban que se les encomendó revisar la ventilación pasiva instalada y tomar muestras de estabilidad estructural. El ingreso debía realizarse con acompañamiento de seguridad, pero ningún vigilante figuraba en los reportes. Tampoco se dejó constancia del tiempo estimado ni de los instrumentos retirados del almacén. La radio portátil que utilizaban permanecía encendida, sin señal, al borde de la rampa de acceso.

Al enterarse del extravío, los demás operarios se movilizaron con urgencia. Durante las siguientes 36 horas, personal de seguridad, cuadrillas, de búsqueda y hasta voluntarios rastrearon los túneles con oxímetros y cámaras térmicas rudimentarias. No se encontró sangre, ni cascos, ni herramientas, ni restos de uniforme, ni signos de colapso estructural. Nadie escuchó explosiones, gritos ni desplazamientos anómalos.
La galería Kulish 04 permanecía sellada con placas metálicas y no mostraba alteraciones visibles. Sin embargo, las autoridades mineras clausuraron todo el sector de forma preventiva y un informe escueto enviado a Lima hablaba de desaparición anómala sin evidencia de accidente laboral.
Fuera del campamento, la noticia tardó en hacerse pública. En esos años, la región aún vivía bajo el eco de conflictos armados, desapariciones forzadas y pactos de silencio no escritos. Las familias fueron notificadas con frases ambiguas a Reinalda, la madre de Julio. Un capataz le dijo simplemente, “No apareció.” Quizá bajó por otra vía y perdió el rumbo.
Y a Rosa Elvira, esposa de Luis Alberto, le entregaron su lonchera intacta y le sugirieron esperar 48 horas antes de denunciar. Puede que hayan bajado a revisar otra galería sin registrar el cambio, dijeron. Nadie explicó por qué dos trabajadores habrían entrado sin acompañamiento a un túnel cerrado, ni por qué sus radios, sus linternas y sus cuerpos habían desaparecido en el silencio.
Las primeras semanas tras la desaparición estuvieron marcadas por el desconcierto, las contradicciones y una burocracia sorda que lo diluía todo. Las familias de Luis Alberto y Julio César interpusieron denuncias ante la comisaría de Cajamarca. Pero el expediente inicial fue archivado con rapidez bajo la categoría de ausencia voluntaria sin indicios criminales.

A pesar de que ninguno de los dos tenía antecedentes, problemas personales o razones para huir, el caso fue tratado como un extravío atípico, sin urgencia, sin diligencias profundas. La mina Ylanacocha se limitó a emitir comunicados internos, asegurar que colaboraba con la investigación y entregar un modesto monto por gastos extraordinarios a los familiares directos. Los años pasaron.
La galería Kistero 4 fue rellenada parcialmente con residuos de elixiviación y el tajo donde trabajaban desapareció bajo toneladas de material estéril. La memoria de los dos hombres se fue desdibujando en los pasillos de la Minera, donde cada año ingresaban nuevos trabajadores y salían otros tantos. Solo sus nombres quedaron inscritos en una pequeña placa oxidada en la entrada antigua del sector, junto con la leyenda desaparecidos en acto de servicio. Como si eso bastara para explicar lo inexplicable.
Rosa Elvira, la viuda de Luis, se mudó a Trujillo con su hija menor. Reinalda, la madre de Julio, se aferró a la fotografía de carnet que había en el altar familiar y rezaba el rosario cada madrugada, convencida de que algún día alguien diría la verdad. En 2001, tras insistencias reiteradas, lograron que el Ministerio Público reabriera el expediente como desaparición laboral con presunción de delito.
Pero la falta de pruebas materiales, la pérdida de documentos técnicos de 1993 y la negativa de la empresa a realizar excavaciones antiguas dejaron el caso nuevamente paralizado. Hubo rumores. Un ex operador de maquinaria dijo en 2004 desde el anonimato que había escuchado un disparo aquel día en la zona de Kulish.
Otro afirmó que los vieron discutiendo con un supervisor poco antes de perderse, pero todos los testimonios eran imprecisos, sin pruebas, y los denunciantes se retractaban o desaparecían del área en un ambiente marcado por el miedo, la complicidad tácita y los intereses millonarios de la minería aurífera. La verdad parecía sepultada para siempre bajo la tierra removida.

En 2004, la policía incautó un revólver called Python.357 durante Micent, un operativo antidroga en la periferia de Cajamarca. El arma fue registrada, archivada como evidencia secundaria y olvidada en una bóveda policial. Nadie en ese momento reparó en su posible conexión con la mina y nadie lo haría hasta que pasaran dos décadas más.
Para 2023, Luis y Julio llevaban 30 años oficialmente desaparecidos. No había arrestos, no había ataúdes, no había justicia. Sus nombres no figuraban en ninguna lista de víctimas del conflicto interno ni en los informes de derechos humanos. Solo sus familias, año tras año acudían a la misa del 15 de octubre en la parroquia San José Obrero, encendiendo velas frente a una fotografía borrosa, esperando una señal, un silencio espeso, mineral, seguía cubriendo la verdad.
Aquel viernes por la tarde, un ingeniero subcontratado por la empresa SRK Perú descendió a las antiguas galerías de Llanacocha para realizar un peritaje geotécnico en preparación para un proyecto de drenaje profundo que afectaría zonas clausuradas. Desde los años 90, el especialista, de nombre Jorge Luis Ilescas, contaba con permisos excepcionales para acceder a áreas selladas por motivos de seguridad.
Fue así como llegó hasta el viejo tajo Kish 04, cerrado desde 1993 y cuya entrada presentaba una placa corroída por la humedad y años de abandono. El ingeniero activó su lámpara LED, colocó los sensores de presión y comenzó a recorrer el túnel, ignorante de lo que estaba a punto de descubrir. A escasos 30 m del acceso, al iluminar una grieta irregular en la pared rocosa, notó un objeto encajado entre dos placas de mineral fracturado. Lo extrajo con delicadeza.

Era un casco de seguridad amarillo, modelo MSA con focup, el tipo que la empresa utilizaba en la década del 90. Estaba cubierto de polvo sólido con restos de yeso en las ranuras, pero lo que llamó la atención de inmediato fue un orificio visible. redondo y nítido en la parte posterior. Una perforación limpia compatible con una bala.
Jorge Luis lo examinó bajo la luz. En la parte interna, desgastadas por el tiempo, se distinguían tres iniciales marcadas con plumón indeleble. LHG. El hallazgo fue reportado de inmediato a la supervisión general que ordenó la suspensión de las labores en el sector. Tres días más tarde, tras una serie de llamadas al Ministerio Público y a la Fiscalía de Cajamarca, la Policía Nacional recibió autorización judicial para intervenir la galería.
La noticia, aún manejada con sigilo, llegó a oídos de Mamesento un fiscal adjunto veterano, Hernán Tafur, quien había trabajado en casos mineros durante la primera década de los 2000. Al leer el informe del casco, no tuvo dudas. Luis Guamán Gutiérrez había sido uno de los dos desaparecidos en 1993 y aquello podía ser la primera prueba física de un crimen olvidado.
La fiscalía ordenó una reactivación forense en Kulish 04. Equipos de rescate minero y peritos criminalistas de Lima llegaron al lugar. Comenzaron a desmontar las paredes falsamente reforzadas del túnel clausurado que presentaban signos de alteración.

El 12 de junio, una semana después del hallazgo del casco, un operario golpeó una zona hueca con su pico neumático. Tras remover las capas de relleno, surgieron los primeros huesos, una tibia humana, aún enfundada en parte de una bota de seguridad. El avance fue lento, meticuloso. Bajo las rocas mezcladas con lodo, los forenses hallaron los restos óseos de Mínames, dos personas dispuestos uno sobre otro.
Junto a ellos apareció una herramienta tipo barreta con manchas secas, una linterna rota y una ficha plástica con el nombre JC Castañeda. El entorno presentaba signos de lucha, fracturas, no accidentales, impactos en cráneo y costillas. El casco encontrado correspondía a Luis, la ficha a julio. No habían sido víctimas de un accidente. Fueron asesinados.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Cajamarca. En paralelo, la fiscalía solicitó el cotejo balístico del orificio en el casco con armas almacenadas. El proyectil, aún incrustado en el interior del Confocap, fue extraído y analizado por expertos de la Dirk. Tras tres semanas de peritajes, el resultado fue concluyente.
La bala pertenecía a una 9 mm disparada desde un revólver CT Python 357, incautado en 2004 durante un operativo y actualmente custodiado en el depósito de la región policial. El arma tenía una historia borrosa, pero un detalle llamó la atención. Había pertenecido a un extrabajador de Yana Cocha, Miguel Ángel Saldaña Córdoba, quien en 1993 había compartido turno con Luis y Julio.
Saldaña, retirado de la mina en 1994 por razones disciplinarias, residía desde hacía años en una zona rural cerca de Selendín. Al enterarse de que lo buscaban, acudió voluntariamente a declarar. Se mostró sereno. Dijo que no recordaba nada extraño de aquella jornada, que ese día había trabajado en otro sector, pero sus palabras no convencieron.

El arma era suya, el disparo coincidía y en los archivos internos de la minera figuraba como uno de los últimos en ver con vida a Luis Alberto Hamán Gutiérrez. La investigación se intensificó. El hallazgo del casco y la recuperación de los restos removieron viejos miedos, pero también abrieron una grieta irreparable en el relato oficial que la empresa había sostenido durante tres décadas.
Las familias de los desaparecidos, al ser notificadas por el Ministerio Público, se trasladaron a Cajamarca de inmediato. Rosa Elvira, con el cabello ya completamente cano, llegó acompañada de su hija, quien tenía solo 3 años cuando su padre desapareció. Reinalda, sostenida por una sobrina, no dejaba de murmurar oraciones al pie de la morgue, mientras el fiscal Tafur ordenaba el segundo peritaje osteológico. Fue ella quien preguntó en voz baja sin esperar respuesta.
¿Cuánto silencio cabe en una mina? Los peritos forenses, al limpiar cuidadosamente los restos, identificaron lesiones traumáticas anteriores a la muerte, fracturas en cúbito y radio, fractura nasal desplazada y un trauma contuso en el parietal derecho, compatible con golpe de herramienta metálica.
La herramienta encontrada junto a los cuerpos, una barreta con mango de fibra y manchas oscuras, fue analizada. Bajo capas microscópicas aún persistía tejido biológico humano, presumiblemente sangre, que aunque deteriorado contenía trazas de ADN. No se logró obtener perfiles completos, pero sí coincidencias parciales con muestras referenciales de la familia de Julio César Castañeda.
El casco de Luis Alberto, en cambio, entregó más certezas. La perforación balística fue estudiada por tres laboratorios distintos, el ángulo de entrada, la dispersión del material circundante y los residuos metálicos permitieron concluir que el disparo fue realizado a corta distancia, con intención letal y desde una altura ligeramente superior.

El proyectil fue extraído cuidadosamente del acolchado interior, conservado pese a los años gracias al microclima del túnel sellado. Su estriado coincidía con el cañón del Cold Python incautado en 2004 y sus características químicas correspondían a munición adquirida legalmente entre 1989 y 1991. La figura de Miguel Ángel Saldaña Córdoba comenzó a oscurecerse.
El exoperario había trabajado con ambos desaparecidos en varios turnos, pero tras el incidente su hoja de vida mostraba cambios abruptos. fue trasladado de sector, enfrentó denuncias internas por acoso y falsificación de reportes y finalmente fue desvinculado con una compensación confidencial. Nadie indagó entonces por qué portaba un arma en una zona restringida, ni por qué nunca fue interrogado formalmente.
En su nueva declaración, Saldaña negó estado en la galería Kish 04 el día 15 de octubre de 1993. Pero los cianos en registros internos revelaban otra cosa. Un cuaderno de control archivado en una caja de cartón en la oficina de recursos humanos de Yanacocha contenía su firma a las 06:19, la misma mañana, justo después de las de Luis y Julio.
Además, el libro de retiro de herramientas mostraba que se llevó una barreta idéntica a la encontrada en la fosa. Cuando el fiscal Tafur lo confrontó con las pruebas, Saldaña comenzó a sudar. Murmuró algo sobre un malentendido. Dijo que nada fue intencional y luego guardó silencio.

Ese mismo día, la fiscalía solicitó su detención preliminar por 15 días. La hipótesis se consolidaba. Saldaña había tenido un altercado con Luis por un supuesto robo de mineral no declarado. En los años 90, parte de los trabajadores extraían pequeñas cantidades de oro residual y las vendían a intermediarios locales. Aunque ilegal era una práctica tolerada tácitamente.
Según reconstruyó la fiscalía, Saldaña intentó sustraer un núcleo de mineral valioso durante el turno. Luis al advertirlo lo enfrentó. Julio intervino. El conflicto escaló. Saldaña disparó. Luego usó la barreta para rematar a Julio. Después arrastró los cuerpos hacia una sección inactiva del túnel y los cubrió con material de relleno. Nadie vigilaba, nadie escuchó.
30 años después, la verdad comenzaba a emerger. El casco no solo había roto el silencio, sino también la inercia institucional que había sepultado el caso. A partir del hallazgo, la Fiscalía de Nación ordenó inspecciones adicionales en otras galerías selladas por razones no especificadas en los años 90 se creó una comisión especial para revisar desapariciones mineras. La prensa nacional comenzó a cubrir el caso.
Titulares como El crimen bajo tierra y la bala que habló 30 años después ocuparon portadas durante semanas. La minera Yanacocha, presionada por la opinión pública, emitió un comunicado donde reconocía la gravedad de los hechos descubiertos y prometía colaborar con la justicia. Se comprometió a financiar el proceso de identificación de restos.
la reparación simbólica y un memorial subterráneo en honor a los trabajadores desaparecidos. Pero ni Rosa Elvira ni Reinalda respondieron a esas palabras con entusiasmo. Ya era demasiado tarde para gestos públicos. Lo que habían esperado durante tres décadas no era compasión, sino verdad. En la segunda semana de julio, Miguel Ángel Saldaña Córdoba, bajo presión de las pruebas acumuladas y tras largas horas de interrogatorio, firmó una confesión manuscrita.


Con letra temblorosa escribió una sola frase. Yo disparé. No pude soportar el silencio que siguió. era la única vez que usó la palabra silencio, como si al nombrarlo por fin pudiera liberarse del peso invisible que lo había acompañado todo ese tiempo. el 21 de julio de 2023.
Con el expediente ya formalmente reabierto, la Fiscalía de Mil Crimen Organizado de Cajamarca solicitó la prisión preventiva para Miguel Ángel Saldaña, Córdoba, por el delito de homicidio calificado con alevocía y encubrimiento agravado. La audiencia de control se realizó en una sala abarrotada de reporteros, abogados y familiares de víctimas laborales que ahora, impulsados por el caso Hamán Castañeda, comenzaban a alzar la voz en todo el corredor minero del norte peruano.
El juez Juan Emilio Caruancho, tras escuchar la lectura de la acusación fiscal, dictó 18 meses de prisión mientras se completaban los actos preparatorios del juicio. Saldaña fue trasladado al penal de Huacarí. iba esposado con la cabeza baja, escoltado por tres agentes y rodeado por gritos. Unos pedían justicia, otros silencio. La fiscalía, al mando de Hernán Tafur intensificó la investigación con apoyo de un equipo interdisciplinario.
Antropólogos forenses, peritos balísticos, expertos en criminalística subterránea y hasta un exezirado que fungía como consultor ético del proceso. Lo primero fue reconstruir la escena del crimen. Gracias a los registros fotográficos, al plano técnico del túnel sellado y a las declaraciones del ingeniero Ilescas, se elaboró un modelo tridimensional de la galería Kulish 04. La proyección mostraba claramente el estrechamiento de la beta, la disposición de los cuerpos y la acumulación de escombros, lo que reforzaba la hipótesis de ocultamiento deliberado. La segunda línea de indagación fue el análisis histórico de la estructura jerárquica de Ylanacocha
en los años 90. Salieron a la luz contradicciones en las bitácoras de turno, omisiones sospechosas en los libros de asistencia y sobre todo la existencia de un parte interno que nunca fue entregado a la policía en 1993. Un informe escueto redactado por un jefe de seguridad que refería una alteración no reportada en la compuerta de ventilación del sector 2B, a solo 60 m de la zona donde luego serían hallados los cuerpos.

Ese informe fechado el 16 de octubre de 1993 fue escondido en un archivo administrativo sin foliar y solo apareció por azar cuando una auditora de la empresa revisó documentos antiguos en busca de registros ambientales. La revelación desató nuevas interrogantes.
¿Quién más supo del crimen? ¿Quién autorizó que se soldaran placas metálicas en una galería donde había cuerpo sin recuperar? quién decidió callar. Aunque no se encontraron pruebas directas de encubrimiento corporativo, la fiscalía concluyó que al menos cuatro personas en la cadena de mando sabían o sospechaban lo ocurrido y optaron por no actuar. Dos de esos nombres estaban muertos.
Uno estaba en el extranjero, el cuarto, un ex supervisor llamado Guillermo Becerra, vivía retirado en Chiclayo y fue citado a declarar. Negóber tenido conocimiento del asesinato, pero reconoció que en Min aquellos años se prefería cerrar todo antes que generar escándalo.
Durante los meses siguientes, el proceso fue acumulando documentos, testimonios y evidencias materiales. La confesión de Saldaña, aunque breve, sirvió de punto de quiebre. Cuando fue presionado por su abogado para ampliar detalles, el acusado pidió hacerlo por escrito en privado en la celda de Huacarí. Lo que entregó fue un manuscrito de cinco páginas con tinta azul temblorosa donde relataba la escena con un tono sombríamente mecánico.
Luis me gritó que lo iba a decir, que no iba a permitir que sacara ese cuarzo. Yo le dije que no se metiera. Julio apareció detrás. Intentaron quitarme la barreta. Me empujaron, caí, disparé. Luis cayó de frente. Julio gritó, “Lo golpeé. Estaba oscuro. Me quedé allí unos minutos escuchando mi respiración. Ese texto fue clave para entender la secuencia, pero también para confirmar algo más inquietante.
Saldaña no actuó solo por codicia, sino también por desesperación. Años después, un hermano suyo lo había denunciado por robo agravado. Perdió su empleo en otra mina de Pasco y vivió décadas en el margen, temeroso de ser descubierto. Según su defensa, el crimen lo destruyó.
Pero ni el remordimiento tardío ni la vida miserable posterior conmutaban el hecho. Dos hombres murieron en el silencio de una galería sin ventilación y el asesino había callado durante 30 años. El juicio oral se programó para noviembre. Fue un proceso breve de siete jornadas consecutivas celebrado a puertas cerradas por seguridad.

Rosa Elvira asistió todos los días con la misma blusa gris sentada en primera fila. Sin pronunciar palabra, Reinalda no pudo acudir por razones de salud, pero siguió la transmisión virtual desde la parroquia de su barrio. La fiscalía presentó 62 pruebas materiales y 14 testimonios, incluyendo el del ingeniero Ilescas, los peritos de balística, el antropólogo forense y dos extrabajadores de Ylanacocha que confirmaron las sospechas de prácticas ilícitas con oro de descarte.
La defensa intentó alegar alteración mental, pero el peritaje psiquiátrico descartó cualquier patología grave. Saldaña estaba consciente, orientado, lúcido. El 29 de noviembre, el tribunal leyó la sentencia. 27 años de prisión efectiva sin beneficios, además de 350,000 soles de reparación civil para cada familia.
La sala quedó en absoluto silencio, un silencio distinto, no el que sepulta, sino el que empieza a liberar. La empresa, forzada por la presión mediática, cumplió su promesa. El 17 de diciembre de 2023, en una ceremonia discreta, inauguró un pequeño memorial subterráneo en la entrada reactivada de Kulish 04. Dos placas de bronce, una por cada víctima, fueron colocadas sobre roca viva. Un sacerdote bendijo el lugar.
Nadie habló de culpables. Solo de memoria, un vigilante encendió una lámpara solar en la galería y al retirarse dejó en el suelo un papel doblado. Nadie lo firmó. Decía, “Aquí bajo tierra ya no hay silencio. Hay verdad. Una mañana templada, 31 años después de la desaparición de Luis Alberto Hamán Gutiérrez y Julio César Castañeda Paredes, las campanas de la parroquia San José Obrero repicaron con lentitud. Era 15 de octubre.
En los bancos de madera, rostros conocidos y nuevos acompañaban a las dos familias en una misa conmemorativa que por primera vez no se celebraba en ausencia, sino en memoria. Sobre el altar, junto a las velas encendidas, descansaban dos fotografías ampliadas enmarcadas con bordes dorados. Ya no eran las imágenes gastadas por el tiempo que se habían llevado a la prensa décadas atrás, sino retratos restaurados, nítidos, que mostraban a dos hombres jóvenes con uniforme de faena, dignos, serenos. Durante la homilía, el sacerdote habló del perdón,
pero también de la justicia. mencionó a las viudas que esperan, a los hijos que crecen sin respuestas, a las madres que mueren con un nombre en la garganta. “El silencio no siempre protege”, dijo. “A veces mata dos veces.” Nadie lloró en voz alta, nadie interrumpió.
Era una ceremonia sobria, cargada de símbolos, una mina invisible abierta entre todos, un túnel sellado ya no concreto, sino con memoria. En la puerta del templo, después de la misa, algunos vecinos se acercaron a Rosa Elvira y le estrecharon la mano. Otros abrazaron a la hija de Luis, ya adulta, que portaba el casco amarillo restaurado y protegido en una urna de cristal.

Reinalda, sentada en una silla plegable junto al atrio, sostenía entre las manos el rosario de cuentas negras que había rezado cada madrugada durante tres décadas. Al terminar murmuró, “Ahora ya no están perdidos. Ya no los buscamos. Ahora sabemos.” Nadie respondió. No hacía falta. En los meses que siguieron, el caso Huamán Castañeda se convirtió en punto de inflexión.
Varias otras familias de trabajadores mineros desaparecidos en los años 90 comenzaron a organizarse, a presentar solicitudes formales, a exigir que se abrieran túneles clausurados en condiciones similares. Algunos hallazgos menores confirmaron temores, zonas rellenadas sin inspección, materiales manipulados, documentos alterados, aunque no todos los casos derivaron en juicios.
El Estado reconoció oficialmente por primera vez la existencia de desapariciones laborales silenciadas durante el auge aurífero de la posguerra. En el sector La Quina, donde se levantó el memorial, la empresa instaló una placa más amplia a todos los que descendieron sin ser vistos, a los que trabajaron sin voz, a los que ya no volvieron.
En la parte baja, pequeñas lámparas solares se encendían al caer la tarde. No había flores frescas, ni vigilantes, ni discursos, solo luz, solo tierra, solo nombres grabados. El juicio a Miguel Ángel Saldaña Córdoba no cerró todas las heridas. No podía, pero permitió que el relato cambiara, que ya no fueran los que desaparecieron en la mina, sino Luis y Julio, trabajadores, padres, hijos, compañeros.
El proceso judicial no resucitó cuerpos, pero restituyó dignidad y, sobre todo, dejó una advertencia que resonaba más allá de Cajamarca, más allá de Perú. El silencio institucional cuando encubre la verdad termina cabando su propia fosa. Porque en toda historia de desaparición hay dos verdades.
La que se niega a salir y la que con el tiempo termina por emerger como un casco enterrado que aún conserva la huella de quien lo usó. Esa verdad cuando llega no necesita gritar, basta con que exista.